Portugal cumple 25 años de descriminalización: el modelo que España ignora
Un cuarto de siglo de datos demuestra que tratar el consumo como un asunto de salud pública funciona. España, a 600 kilómetros, sigue eligiendo la vía penal.
El 1 de julio de 2001, Portugal hizo algo que el mundo consideró una locura: descriminalizó el consumo y la posesión de todas las drogas para uso personal. No legalizó — el tráfico seguía siendo delito —, pero dejó de tratar al consumidor como un criminal. Veinticinco años después, los datos no dejan lugar a dudas. Y España, que comparte península, lenguas hermanas y problemas similares, sigue mirando hacia otro lado.
Los números que no mienten
El informe conmemorativo del EMCDDA (Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicciones, ahora EUDA) publicado esta semana presenta cifras contundentes. Las muertes por sobredosis en Portugal se sitúan en 30 por millón de habitantes — frente a la media europea de 92. La prevalencia de VIH entre usuarios de drogas inyectables ha caído un 95% desde 2001. El consumo de cannabis entre jóvenes de 15 a 24 años se mantiene por debajo de la media de la UE, desmintiendo la teoría de que descriminalizar dispara el consumo.
El modelo portugués se basa en las Comisiones de Disuasión de la Toxicodependencia (CDT): paneles formados por un jurista, un trabajador social y un profesional sanitario que evalúan cada caso de consumo. Si la persona es consumidor ocasional, la sanción se archiva. Si es dependiente, se le ofrece tratamiento. No hay antecedentes penales. No hay cárcel. No hay estigma judicial. En 25 años, las CDT han atendido más de 400.000 casos, y el porcentaje de derivación a tratamiento efectivo supera el 60%.
El mito del turismo de drogas
Una de las críticas recurrentes al modelo portugués era que convertiría al país en un imán para el turismo de drogas. No ha sucedido. Un estudio longitudinal de la Universidad de Oporto publicado en 2025 demuestra que el porcentaje de turistas que citan la política de drogas como motivo de viaje es inferior al 0,3%. Portugal atrae turistas por su gastronomía, su costa y su cultura — no por su política de drogas. El dato desmiente un argumento que en España se repite constantemente para justificar la inacción.
España: sanciones en lugar de salud
En España, el consumo de drogas en la vía pública está castigado con multas de 601 a 30.000 euros bajo la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza). En 2025, se impusieron más de 350.000 sanciones por consumo o tenencia de drogas — la inmensa mayoría por cannabis. No hay CDT. No hay evaluación sanitaria. No hay oferta de tratamiento. Solo una multa que el usuario paga o recurre, y que no reduce en absoluto el consumo.
El contraste es brutal. Portugal invierte los recursos públicos en tratar al consumidor. España los invierte en multarlo. Portugal tiene datos de 25 años que demuestran que su modelo reduce daños, salva vidas y no incrementa el consumo. España tiene datos de 25 años que demuestran que su modelo no funciona: el consumo no ha bajado, las sanciones no disuaden y el mercado negro sigue intacto.
¿Qué podría aprender España?
No se trata de copiar el modelo portugués al pie de la letra. España tiene un sistema sanitario diferente, una estructura territorial descentralizada y una relación con el cannabis que incluye los clubes sociales — algo que Portugal no tiene. Pero los principios del modelo luso son perfectamente transferibles: tratar el consumo como un asunto de salud pública, no como un asunto penal; invertir en prevención y tratamiento en lugar de en represión; evaluar los resultados con datos, no con ideología.
João Goulão, el arquitecto de la Lei 30/2000 y durante dos décadas director del SICAD (Servicio de Intervención en Comportamientos Adictivos), declaró en la conferencia conmemorativa de Lisboa: "El mayor éxito de nuestra ley no es una cifra. Es que hemos devuelto la dignidad a personas que antes eran tratadas como criminales. Y eso, ninguna estadística lo puede medir del todo." España, a 600 kilómetros, sigue sin escuchar.